La marcha universitaria por el financiamiento de la UBA terminó con 25 detenidos, heridos y daños estimados en 90 millones de pesos. La periodista Carla Ricciotti fue agredida mientras cubría los incidentes en la Plaza de los Congresos.
La quinta Marcha Federal Universitaria dejó un escenario de tensión frente al Congreso de la Nación, con enfrentamientos, daños al espacio público y agresiones a trabajadores de prensa. Según lo informado en el programa, hubo 25 detenidos y varios efectivos de las fuerzas federales resultaron heridos. Además, el Ministerio de Seguridad preparaba una denuncia penal contra manifestantes por presuntos delitos como resistencia a la autoridad, daños agravados y atentado contra el orden público. Las autoridades estimaron preliminarmente en 90 millones de pesos los daños ocasionados en la zona.
Uno de los episodios más cuestionados fue la agresión a la periodista Carla Richiotti, quien recibió insultos y el lanzamiento de objetos mientras cubría los incidentes. La cronista manifestó su indignación por no poder realizar su trabajo con seguridad y cuestionó que los manifestantes intentaran expulsarla del lugar. También se mencionaron agresiones contra otros trabajadores de prensa y contra la dirigente libertaria Lilia Lemoine.
Durante un debate televisivo, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni expresó su solidaridad con los periodistas agredidos y aseguró que intentó proteger a Richiotti. Sin embargo, fue duramente cuestionado por los conductores y otros invitados, quienes le reprocharon no haber intervenido con mayor firmeza para frenar a quienes atacaban a la cronista. Belliboni rechazó las acusaciones y sostuvo que no era su función controlar a los manifestantes, aunque afirmó que defendería el derecho de los trabajadores de prensa a realizar su labor.
El intercambio también enfrentó a representantes libertarios y referentes vinculados al movimiento universitario. Mientras algunos participantes responsabilizaron a sectores de izquierda por los destrozos y cuestionaron la utilización política de la protesta, otros defendieron el derecho a manifestarse y denunciaron la actuación de las fuerzas de seguridad. El vocero universitario Emiliano Canachi, por su parte, aclaró que los incidentes no representaban el reclamo central de la movilización.
Más allá de los enfrentamientos, el eje de la convocatoria fue la defensa del financiamiento de las universidades públicas y el reclamo por el cumplimiento de la legislación vinculada al sector. Los representantes universitarios insistieron en que la movilización buscaba garantizar el derecho a la educación y los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones.
El debate dejó expuesta una profunda polarización política: por un lado, las denuncias por violencia, daños y agresiones a periodistas; por otro, las críticas a la respuesta policial y la defensa del derecho a la protesta. La discusión sobre el financiamiento universitario quedó atravesada por acusaciones cruzadas que evidencian la dificultad de separar el reclamo educativo de la confrontación política.
